Hermandad del Valle de los Caidos

En términos generales todos tenemos una idea y sentimos lo que es una convivencia pacífica entre las personas así como, más o menos, debe ser una convivencia social en la que se deben respetar las distintas opiniones y conceptos que precisamente no atenten a la propia pacífica convivencia, que además de conciliar ha de ser constructiva y favorecer el desarrollo personal y social de la comunidad.

Donde ya no hay tanta claridad es en el concepto de memoria histórica que, indudablemente, puede afectar a la convivencia porque es un factor o elemento de esta misma convivencia. Nuestro presidente, Luis Suárez, afronta esta cuestión en un estudio publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia, con el titulo de Conciencia Histórica versus Memoria Histórica. El profesor Suárez nos señala la conciencia histórica «como una forma de saber referida a la presencia del ser humano en el tiempo» (Suárez, 2008; 1) por lo que se trata de exponer y no juzgar los hechos comunicándolos como han sucedido en realidad. Es decir, la crónica no hace distingos y de este modo «la Historia trata de ser una explicación de los sucesos y no un juicio» (Suárez, 2008; 2). La conciencia histórica exige «averiguar, por encima de nuestros gustos y preferencias, todo lo que había sucedido, a fin de enriquecer nuestra experiencia asumiendo, como hace toda persona humana, sus actos y tratando de descubrir las consecuencias que se derivaron de los mismos» (Suárez, 2008; 5). Cada generación recibe de sus antepasados una conciencia que es tan valiosa como un patrimonio. Con independencia de que le guste o no, ese patrimonio constituye el capital del que dispone para continuar su marcha en el largo camino.

Frente a este tradicional concepto y como sustitutivo, recientemente aparece el término Memoria Histórica, memorandun o memorial que por su misma raíz trata de ser selectivo: «no se trata de investigar acerca de la realidad de lo acaecido, presentando con la misma ecuanimidad errores y aciertos sino de dar al historiador funciones de juez, de tal modo que de sus resultados puedan servirse aquellos que, sin necesidad de disponer de un conocimiento histórico, ejercen funciones de dirección en la sociedad. En este caso el juicio de valor es lo que verdaderamente importa y conviene incluso asegurarlo por medio de leyes» (Suárez, 2008; 2). De este modo y gracias a la Historia, como conocimiento se puede y se debe disponer de un programa que resulta necesario para conseguir la meta de una Sociedad más correcta, fórmula empleada por los historiadores que operaron en el siglo XX desde el materialismo dialéctico y por sus seguidores actuales que parten del principio de que la concepción más valedera y que ofrece mayores perspectivas es la que reposa sobre la teoría marxista-leninista de la evolución. La memoria trata de hacer una selección, apartando lo que, a su juicio, no conduce a esta forma única de progreso que es el materialismo. «Se llega de este modo a una praxis casi dogmática que sobrevive incluso al fracaso de fórmulas políticas que han podido ensayarse. Tras la disolución de la Unión Soviética, esa memoria histórica selectiva, que convierte en leyes históricas únicas y universales los medios, modos y formas de producción, consigue sobrevivir y en alguna parte, ampliarse» (Suárez, 2008; 3).

Señalando la diferencia entre memoria histórica e Historia, Todorov nos dice que ambas representan dos formas antagónicas de relación con el pasado. La memoria histórica se basa en la conmemoración; la historia en la investigación. La memoria histórica está por definición, al abrigo de dudas y revisiones, mientras que la historia es esencialmente revisionista, porque ambiciona establecer los hechos y situarlos en su contexto para evitar anacronismos. La primera demanda adhesión, la segunda distancia. La memoria histórica, pues, implica un culto al recuerdo y a la conmemoración de ciertos acontecimientos y es, además «selectiva por naturaleza, ya que tiene por base una discriminación partidista de los hechos». (González Cuevas, 2005).

Mi amigo, el profesor Abad Buil, considera que se trata de un pseduconcepto, un simple sinécdoque en el se toma una parte por el todo («pars pro Toto»). En este caso, la «memoria histórica» tiende o tiene el peligro de falsear la realidad, no tanto por su afán de afirmar o negar «con intención denotativa» el pasado total de hechos cuanto por la selección de esos mismos hechos. Esta selección –en principio coordinable con otras selecciones de signo contrario, si ella se trata en sentido pleno y abierto– puede jugar, y a ello se presta, a ser injusta y demoledora con la interpretación de enfrente si se llega a angulizar de modo irracional. El sentido compaginable connotativo se transformaría entonces en denotativo exclusivo y hasta fanático.

Quienes unieron memoria e historia no sabían lo que hacían o buscaban que no lo supiéramos como nos señala José María Carrascal (2009), pues se trata de dos materias completamente distintas, que sólo por casualidad coinciden aunque la mayoría de las veces difieren e incluso se contradicen. «La memoria es individual, particular, incontrastada, con tal porcentaje de subjetivismo que la inhabilita como ciencia y la acerca a la ficción. No somos parciales al juzgar los hechos que hemos vivido, y cuando alguien escribe sus memorias, no nos cuenta lo que ocurrió. Nos cuenta cómo él o ella lo vivió, que no es lo mismo» (Carrascal, 2009). Resulta que la historia es otra cosa y basándose en Ranke se trata de la «recapitulación de los hechos tal como han ocurrido».

El catedrático de Historia moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ricardo García Cásal (2007) cuenta, concretando sobre los españoles, que, a comienzos del siglo XVII, el converso Carlos García comparaba las cualidades de los españoles y los franceses y, entre otras diferencias precisaba la distinta concepción de la memoria de unos y otros. Para los franceses «la memoria es de cosas presentes, olvida todos los agravios pasados y no hacen en cuenta de provechos futuros». Para los españoles, en cambio, «la memoria es de cosas pasadas y futuras, pesan todas sus acciones con las balanzas del pasado y el porvenir». Su afición a la memoria de su pasado por parte de los españoles queda bien subrayada, pero, al mismo tiempo, también se refleja el sentido teleológico de la misma: la construcción del futuro.

Pues bien, en España, nuestro Parlamento, con fecha 26 de Diciembre de 2007, aprueba la Ley 52 que se conoce como de Memoria Histórica, aunque su título es «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura». Realmente en la exposición de motivos (ciertos medios la atribuyeron al propio Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero), se explicita el contenido de la misma. La exposición de motivos dice que dicha ley se basa en «espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de encuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora», recalcando que «El espíritu de la Transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo, desde el origen mismo de todo el periodo democrático, a favor de las personas que, durante los decenios anteriores a la Constitución, sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió».

Como quiera que pese al «esfuerzo legislativo» quedan aún «iniciativas por adoptar para dar cumplida y definitiva respuesta a las demandas de esos ciudadanos», esta Ley trata de dar esa respuesta y «atiende a lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de Diputados que el 20 de Noviembre de 2002 aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática». Esta Ley, «asume esta Declaración así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de Marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975».

«Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia». En este sentido señala:

1. Los que «perdieron la vida».

2. Los que «perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras».

3. «Los empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio».

4. «Los que lucharon por la defensa de los valores democráticos: los integrantes del cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales y los combatientes guerrilleros».

En este sentido, «la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática», partiendo de la consideración «de que los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar, especialmente cuando se han visto afectados por conflictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática», por lo que se reconoce un «derecho individual a la memoria personal y familiar», por lo que se establece un procedimiento para obtener una «Declaración formal de contenido rehabilitador y reparador».

En la Ley, se hace «una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos e ideológicos durante la Guerra Civil, así como las que, por las mismas razones tuvieron lugar en la Dictadura posterior», por lo que «se declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos penales o de cualquier naturaleza administrativa creados con la vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como la ilegitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas». En este sentido la Ley, «incluye una disposición derogativa que de forma expresa priva de vigencia jurídica a aquellas normas dictadas bajo la Dictadura manifiestamente represoras y contrarias a los derechos fundamentales con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial».

4.- Eliminación de los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, «sustentada en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura [para que] los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».

Con respecto al punto primero no se hace mas que ciertas modificaciones y ampliaciones sobre las prestaciones ya establecidas en las Leyes de 18 de Septiembre de 1979 y 26 de Junio de 1980, así como la ampliación de los supuestos que estableció la Ley 46/1977 de 15 de Octubre, de Amnistía. Legislación del periodo de los gobiernos de UCD, del Presidente Suárez, ésta anterior, por consiguiente, a la llegada del partido Socialista al gobierno en 1982. Leyes promulgadas con el autentico «espíritu de la Transición».

Con respecto al segundo apartado es mera satisfacción moral hacia los brigadistas internaciones de los que, indudablemente, muchos vinieron de buena fe a defender la democracia, así como el Cuerpo de Carabineros que, en definitiva era un Cuerpo más legal y legítimamente constituido, dentro de las fuerzas armadas que luchan en uno de los bandos de la contienda. Lo que ya merece cuestión aparte es declarar a los guerrilleros, «los maquis», luchadores en defensa de los valores democráticos, aunque no puedo dejar de pensar que muchos de sus miembros pudieran pensarlo y sentirlo. Sin embargo, creo que, a estas alturas ese tipo de reconocimiento, aunque tiene una intencionalidad clara, no merece más atención e importancia. Mas aún, creo que, hoy, al pueblo español le tiene sin cuidado, entre otras cosas, por desconocimiento de nuestra Guerra Civil, que es un acontecimiento histórico muy lejano para los menores de sesenta años, y sólo unos políticos que miran al pasado alimentan, incluso para justificar su existencia. En este camino se encuentra Izquierda Unida y Ezquerra de Cataluña. Precisamente, en éste apartado, Izquierda Unida (IU) hizo petición y el PSOE accedió a añadir y así consta en el preámbulo: «Y, por último, a quien en distintos momentos lucharon por la defensa de los valores democráticos como lo integrantes del Cuerpo de Carabineros, y los brigadistas internacionales y los combatientes guerrilleros», que constituyen ejemplo de todos los que lucharon contra el régimen surgido del 18 de julio, por lo que se añade como ejemplo la Unión Militar Democrática.

Hasta aquí, realmente, salvo de forma indirecta e individualizada, estas disposiciones no afectan a la convivencia. No así los puntos tres y cuatro que prácticamente condenan y eliminan al sector vencedor de la Guerra Civil y al régimen salido del 18 de Julio de 1936. Cuando se habla de ilegitimidad la Ley hace distinción, para que no haya dudas, entre lo sucedido durante la Guerra Civil y lo acaecido durante la Dictadura. Así en su articulo 3, Declaración de ilegitimidad, en sus tres puntos, establece lo siguiente: «1.- Se declara la ilegitimidad de los Tribunales, Jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas y sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones». 2.- «Por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara, en todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Publico, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa». Hay que señalar que dichos Tribunales ya habían sido suprimidos y derogadas sus normas durante la Transición en las normas de indultos y en la Ley de Amnistía de 15 Octubre 1977, pero ahora se trata de declarar su ilegitimidad de manera expresa, «en todo caso». 3.- «Igualmente, se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia, por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos, durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendiendo el establecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución».

Pienso que los juristas tienen aquí un amplio campo de análisis sobre el concepto de «ilegitimidad», sobre «por ser contrarios a Derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo» la ilegitimidad por «vicios de forma y fondo» y «derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución». Hay que recordar que «la Carta Magna, que ya derogó toda la legislación del régimen anterior, no tiene efectos retroactivos, con lo cual, y siendo la Constitución la principal fuente de Derecho del ordenamiento jurídico español, lo primero que se plantea es un problema de legalidad ordinaria» (ABC, 10.10.2007). Así pues parece que, al menos, desde esta perspectiva, según varios juristas, arroja más sombras que luces. La intención y petición de un amplio sector de la izquierda, interpretada y defendida por Izquierda Unida, era declarar nulas en su conjunto las sentencias del franquismo, hasta el punto que se pidió a Gaspar Llamazares que no votara la ley con el argumento de que «si el texto no contempla esta anulación de juicios sin ninguna garantía, y con tribunales impuestos por los golpistas, no sólo estaremos ante una ocasión perdida, sino ante una burla a la verdadera memoria histórica en nuestro país». Sin embargo, con arreglo a como ha quedado la Ley, los tribunales lo único que pueden declarar es la ilegitimidad de las sentencias, no su nulidad, porque para ello sería necesario modificar, para empezar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR), que precisamente es la que aplicó recientemente el Tribunal Supremo (TS) para negarse a anular sentencias como la del consejo de guerra contra el anarquista Pellicer o contra el comunista Grimau. Desde este punto de vista hay juristas que consideran esta Ley de Memoria Histórica dentro de las «Leyes de corte político que sobre el papel quedan muy bien, pero cuya aplicación es irreal». Esto le da un carácter meramente político con repercusiones en la vida social y, por ende, que puede afectar a la convivencia entre los españoles.

La indudable, clara y terminante parte que atenta a la convivencia es la relativa a las «medidas en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura», argumentando para ello «el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa y agravio». Ya pues, en la exposición de motivos, se viene a señalar que todos los símbolos o monumentos que se refieran a la Guerra Civil, de la parte vencedora y del régimen franquista, deben ser eliminados porque no son ocasión de encuentro sino de enfrentamiento, ofensa y agravio. Pero esto que podría quedar en una mera declaración se concreta en el texto de la Ley, en carácter imperativo y de mandato en el art. 15: 1.-«Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas». En el punto dos de este artículo señala los casos que no serán de aplicación lo señalado anteriormente: «cuando las inscripciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley». 3.- «El Gobierno, colaborará con las Comunidades Autónomas y Entidades locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior».

Pero se advierte, con relación a los propietarios privados en el punto cuarto que: «Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones y ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo». Queda claro que tanto las Administraciones públicas como los propietarios privados si no cumplen con este mandato se les «podrá» que quiere decir se les quitará las subvenciones y ayudas. Hay una evidente coacción para que se cumpla los mandatos de éste artículo.

En esta dirección el artículo 16 se refiere expresamente al Valle de los Caídos: «1.- El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. 2.- En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo».

Este artículo, que podemos considerar neutral y claramente favorable a la permanencia en su función de cementerio y rezo permanente por todos los Caídos, se complementa con la disposición adicional sexta que contradice lo establecido en el punto dos del artículo 16, al declarar que «la Fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad. Todo ello en plena sujeción a lo dispuesto en el art. 16».

Lo que se desprende de esta Ley, desde su exposición de motivos y dentro de su articulado, es el intento de identificar antifranquismo y democracia, con la intención clara de una especie de patente de demócratas para una parte que participa de una determinada ideología, y de franquistas o antidemócratas a los que no están de acuerdo con esa ideología, lo que supone la deslegitimación moral y política de una parte del país por medio del control del pasado lo que resulta «ciertamente insidioso. Hay quienes están hablando de control de la memoria y pretenden deslegitimar a parte de la España política», como advierte el Catedrático de Historia Contemporanea de la Universidad Complutense Octavio Ruíz-Manjón (ABC, 22.7.2007). Se ofrece una visión profundamente maniquea de los acontecimientos pues «los republicanos» aparecen como la encarnación y depositarios de todas las virtudes cívicas y constitucionales, y por el contrario los rebeldes, «los golpistas», son la encarnación de todos los males sin ninguna virtud posible.

Identificar antifranquismo y democracia significa, según señala el Profesor de Historia de las Ideas de la UNED, Pedro C. González Cuevas, «una gravísima manipulación histórica. Porque los socialistas revolucionarios, los Comunistas y los anarquista –lo mismo que los aliados internacionales–, no combatían en defensa de la legitimidad republicana, sino por la construcción de un sistema social y político antidemocrático y colectivista». Esa, precisamente, es la razón por la que insignes liberales y demócratas como Ortega, Lerroux, Menéndez Pidal, García Morente, Marañón, Cambó, etc., apoyaron a Franco. Con su utilización de la memoria histórica la izquierda ha renunciado al principio de reconciliación nacional para pasar a una beligerante campaña a favor de los vencidos en la Guerra civil española, cuyo objetivo último es la deslegitimación histórica y política de la Derecha. Novelas, películas, ensayos, tesis doctorales, desenterramiento de cadáveres, etc., todo ello se ha erigido en voz y símbolo del bando republicano» (González Cuevas, ABC, 10.8.2005).

Pues bien, esta Ley, conocida como la de Memoria Histórica, se aprobó en el Parlamento con los votos en contra del Partido Popular (PP). El Partido Popular se opuso al proyecto porque, el Gobierno impone «su memoria oficial –como hizo Franco–» y tira por la borda el «trabajo del PSOE durante la Transición», según el entonces portavoz del PP, Zaplana, encargado de defender la oposición al texto. Es decir la ley es rechazable porque el gobierno hace lo mismo que hizo Franco, sin consideraciones de fondo de otro tipo, con lo cual quiere decir que se condena y rechaza lo que hizo Franco, así, simplemente, por parte del Partido Popular. Las continuas referencias a Franco cuando se trata de rechazar o criticar algo que el Gobierno o el Partido Socialista hace o dice, han sido continuas por parte de miembros del Partido Popular.

El contenido de la Ley lo fundamenta el Gobierno en su exposición de motivos, en «el espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo a la defensa pacífica que guió la Transición» que «nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978». Por consiguiente, «quiere construir o cerrar heridas abiertas en los españoles [...] profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la Transición». Se trata pues de una interpretación «sui generis», de la Transición y de su espíritu, en la cual se encuentra superar y «dar satisfacción a los ciudadanos que sufrían, directamente o en persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura».

Estamos ante una Ley, en la que, dentro de una serie de temas, de ampliación de cuestiones ya acordadas y en vigencia, trata y busca la condena expresa y radical de la sublevación militar del 18 de Julio, de la Guerra Civil y, sobre todo, de la represión de la Dictadura. En esta condena, la Ley se basa en antecedentes de nuestro Parlamento y del Consejo de Europa, así, expone, que esta Ley atiende a lo manifestado por la Comisión del Congreso de los Diputados, el 20 de Noviembre de 2002, que aprobó por unanimidad una proposición no de Ley en la que el órgano de representación de la ciudadanía, reiteraba que, «nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra Sociedad democrática». Esta proposición se aprueba cuando el PP tiene mayoría absoluta. Por consiguiente, «La presente Ley –continua la exposición de motivos–, asume esta Declaración así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmada en París el 17 de Marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975». Con las fechas está claro el periodo de la Historia de España que se condena y es preciso recordar que en 2006 gobernaba ya el Partido Socialista que hay que suponer que no fue ajeno a esta condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Y si hubiera alguna duda, un año después de promulgada la Ley, el Real Decreto 1791/2008 de 3 de Noviembre desarrollando y regulando el procedimiento para la obtención de la Declaración de reparación y reconocimiento personal que establecía la Ley de Memoria Histórica, incide en su preámbulo en los contenidos condenatorios, de injusticias y agravios pero añade un aspecto nuevo y más grave, pues «se reconoce también la ilegitimidad de las condenas y sanciones que sufrieron quienes, durante la Dictadura, lucharon por el restablecimiento de un régimen democrático en España, o intentaron vivir conforme a opciones amparadas hoy por nuestra Constitución, pero perseguidas por el régimen político surgido de la sublevación ilegitima del 18 de Julio de 1936». Esta frase, que considero de una gravedad extrema, pues como el Rey declaró, al aceptar la Sucesión, que recibía la legitimidad política surgida del 18 de Julio de 1936, se está intentando declarar la ilegitimidad del Jefe del Estado y, cómo no, de todo lo que él representa. Ante esta afirmación no he visto voces autorizadas y menos de medios de comunicación, que se hayan siquiera detenido ante ella y su posible significado, salvo la autorizada y limpia pluma de Fernando Suárez González, ex-vicepresidente del Gobierno, Catedrático de la UNED y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que mandó un artículo al ABC, titulado «Con lealtad al Rey», que éste periódico no publicó en la edición nacional y sí en la de provincias, y ha sido reproducido por Cuadernos de Encuentros nº 96. Después de afirmar que «es un hecho triste, pero cierto, que ante determinadas unanimidades hay miles de españoles que no se ven representados por el actual Parlamento», Fernando Suárez aclara que «todo el mundo sabe que la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad y que de sus actos son responsables las personas que los refrendan. Por eso no merece ningún tipo de reproche cuando se ve obligado a firmar lo que acuerdan las Cortes y el Gobierno. Pero tanto los miembros de las Cortes como los del Gobierno han jurado ejercer sus funciones con lealtad al Rey y como el Rey declaró, al aceptar la Sucesión, que recibía la legitimidad política surgida del 18 de Julio de 1936 –“en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios para que nuestra Patria encauzase de nuevo su destino”– no me parece ejemplo de lealtad someter a su firma una disposición como el Real Decreto 1791/2008, de 3 de Noviembre, en el que califica de “ilegitima” la “sublevación” del 18 de Julio de 1936». Y añade, que aunque somos muchos los que aplaudimos que se trate de compensar a algunos españoles de pasadas amarguras, «carece de sentido causárselas ahora a cuantos esa frase, firmada por el Rey, produce estupor y tristeza». Sin embargo, añado, se podría alegar que la mayoría de las Cortes y el Gobierno no han jurado sino simplemente han prometido, aunque a los efectos de lealtad es lo mismo. Lo que se intenta ignorar o hacer olvidar es que la Constitución de 1978, es el autentico punto de partida y de legitimidad del periodo que estamos viviendo.

Hay que tener en cuenta que en la Transición, por encargo del PSOE y PNV, Jorge de Esteban elaboró un proyecto de unas bases constitucionales, en el que se recomienda: «se debe dejar de lado toda postura radical para llegar a una solución posibilista que no tiene que suponer derrotismo. La habilidad política para lograrlo pasa tanto por la negociación como por la expresión ambigua de ciertos preceptos constitucionales de tipo más conflictivo», y, entiende, que los puntos susceptibles de encontrar mayor resistencia serán los que se refieren a la forma de Gobierno (Monarquia-República) y de Estado (Estado Unitario, regional o federal), sin que parezca que haya diferencias insuperables en los otros temas constitucionales, «si se buscan soluciones flexibles y lo suficientemente ambiguas, en el buen sentido de la palabra, que permitan después un tratamiento satisfactorio para todos». Lo que quiero significar con esto es que las cosas no suceden por la espontaneidad de una idea en un determinado momento, sino que, en ciertos procesos, responden a una trayectoria que viene de lejos. Cuando hoy se señala que nuestro Gobierno, concretamente el Presidente Rodríguez Zapatero, improvisa, puede ser cierto en cuestiones concretas económicas, aunque estas medidas están también cargadas de ideología, pero en Política de Estado sabe lo que quiere y lo busca por caminos flexibles y lo suficientemente ambiguos, en ciertos casos, que le permiten, después, llegar a una meta satisfactoria.

Esta Ley de Memoria Histórica y la Declaración del Decreto tienen sus antecedentes y sus explicaciones. Me limitaré, dado lo amplio de esta cuestión que podría ser objeto de una tesis doctoral (aquí aparece mi deformación profesional), a datos publicados en nuestra prensa. El domingo 31 de Diciembre de 2006, el periódico El País presenta un amplio artículo sobre la Memoria Histórica, titulado «Lo que falta para terminar la Guerra Civil», en el que el historiador Eduardo MalefaKis analiza la reconciliación pendiente de los dos grandes sectores políticos españoles. Lo que hasta ahora no se ha conseguido es la «reconciliación de los dos grandes sectores políticos que se enfrentaron en los años treinta del siglo pasado». Para él las medidas a tomar para esta reconciliación son obvias: «1.- Reconocimiento abierto por ambos bandos de las transgresiones que se originaron dentro de sus filas; 2.- Condena de estas acciones; 3.- Afirmación solemne de que se va a hacer todo lo posible para que no vuelvan a ocurrir cosas parecidas». Pero añade textualmente: «Por desgracia para la derecha (definida en su sentido amplio, que incluye partidos de centro-derecha como el PP) sus miembros son quienes tienen más cosas de las que arrepentirse. Necesitará una dosis extra de valentía y sabiduría para enfrentarse con su desafortunado pasado del segundo tercio del siglo XX». Los hechos históricos que hacen triste ese pasado son, a su juicio: a) haber precipitado la Guerra Civil con la insurrección militar del 18 de Julio; b) haber llevado a cabo una política de terror centralizado y sistemático contra la población civil desde el principio hasta el final de la guerra; c) haber rechazado, sin estudiarlas seriamente, las propuestas de Negrin, a partir de mayo de 1938, para lograr una paz negociada; d) no haber buscado la reconciliación después de que el Ejercito republicano cayera derrotado y haber continuado durante los años posteriores a su rendición la política bélica de terror contra la población civil, con la instauración de una represión tan generalizada y feroz que fue casi equivalente a una guerra unilateral de los vencedores contra unos vencidos completamente indefensos». Los calificativos aquí expresados son bien claros y están publicados para uso de los lectores de un periódico diario de ámbito nacional y de amplia tirada en aquella fecha. De todos estos puntos de enfrentamiento, se centra, únicamente, en la «represión de Franco en la posguerra» en la que «lo único que hubo fue una barbarie unilateral, repetitiva e interminable por parte de las autoridades, y una falta de voluntad de otros elementos de la sociedad –entre ellos la Iglesia– de atreverse a exigir políticas más humanas». Esta represión, «desde el punto de vista moral fue su capítulo más reprobable. Los demás excesos llevados a cabo por ambos bandos se habían cometido, al menos en parte, en defensa propia. La represión de la posguerra se debió a un espíritu de venganza y un deseo casi genocida de erradicar a los elementos antiespañoles de la sociedad». Después de unas reflexiones sobre la abstracción de las cifras, señalando su relativo significado, pues «la muerte de dos soldados estadounidenses en Irak tiene más impacto emocional que la de setenta iraquíes», sostiene que «según los cálculos más fiables entre 1939 y 1948 fueron ejecutados oficialmente alrededor de 50.000 españoles que habían sido condenados en consejos de guerra», sin incluir las muertes causadas por el hambre y las condiciones sanitarias o por «el tratamiento brutal de algunos guardias en los campos de concentración y en las apiñadas cárceles del nuevo régimen». Cincuenta mil personas es mucha gente, muy superior, según dice, a las bajas de los Ejércitos de España en todas las guerras de los siglos XIX y XX en Marruecos o en Cuba contra los Estados Unidos y hace comparaciones con la Guerra Civil. «Para los creyentes católicos, la cifra de 50.000 será más significativa si se dan cuenta de que es siete veces mayor que el número de eclesiásticos asesinados en la zona republicana», veinte veces mayor que los 2.500 que fueron asesinados en Paracuellos del Jarama, «la peor atrocidad individual cometida por los republicanos», ciento once veces mayor que los 450 asesinados por los revolucionarios de Octubre del 34 y cuarenta y siete veces más «que los 1.050 muertos causados por la represión militar de la revolución». Además llama la atención, por el hecho inexplicable para él: «Para los que hoy se oponen a cualquier proceso de paz negociada con ETA porque consideran que es una organización tan aborrecible que no debemos hablar de ella, la represión de la posguerra ejecutó a 58 veces más personas que los 850 asesinados por ETA hasta el momento».

Volviendo a los años treinta, señala que «durante los cinco meses en los que gobernó el Frente Popular no hubo más que 330 muertos en enfrentamientos políticos, es decir 151 veces menos que los ejecutados en la represión franquista», por lo que «¿cómo es posible tomar en serio a los seudohistoriadores revisionistas que escriben libros enteros denunciando los desmanes menores de la primavera de 1936 y casi nunca mencionan los inmensos crímenes estatales de 1939 a 1948? Las insensateces de los revisionistas son poco importantes; su popularidad actual es un fenómeno pasajero. Mucho más significativo es que el PP, el mayor partido de centro-derecha, no condene políticas catastróficas promovidas por sus precursores como las que acabo de mencionar».

Es preciso un proceso de autoliberación que supone una ruptura total con el pasado y aunque este proceso «será mucho más difícil para la derecha que para la izquierda, a ésta también le sería beneficioso emprender un proceso parecido», pues aunque la «izquierda española cometió menos crímenes y errores que la derecha, tampoco fue completamente inocente». Y señala como transgresiones principales la Revolución de Octubre del 1934, no impedir los asesinatos de Paracuellos del Jarama, otras matanzas de menor envergadura que Paracuellos y los «lamentables errores políticos de la izquierda que contribuyeron de forma indirecta al estallido de la Guerra», lo que exige «una revisión de la figura de Largo Caballero y su política revolucionaria a partir de 1933, la figura de Prieto, por apuntarse a la política suicida de Caballero, la figura de Azaña que sufrió “una extraña transformación personal” al ser elegido Presidente de la República en mayo de 1936», perdiendo fuerza y capacidad de actuación y se «transformó en una figura distante, irresponsable y casi irrelevante», así como la «política partidista adoptada por los Gobiernos de Frente Popular favoreciendo demasiado a las organizaciones obreras, cosa peligrosa y arriesgada en relación con la UGT y, sobre todo, con las juventudes Socialistas». «Los falangistas no fueron los únicos que promovieron la violencia callejera que se utilizó para justificar la insurrección militar». Y termina con dos conclusiones muy claras y, para mí, significativas: «Aunque los franquistas ganaron la guerra militarmente, hace ya mucho que los republicanos la ganaron moralmente» y «una característica admirable del PSOE de Zapatero es que no le asustan las iniciativas algo aventureras si pueden desbloquear situaciones estancadas». Comprendo que la referencia es muy amplia, pero entiendo que es un ejemplo patente de un planteamiento que justifica el contenido de la Ley de Memoria Histórica y su enfoque sobre la reconciliación y convivencia de los españoles.

Ya aprobada la Ley de Memoria Histórica, el diario Público (4 Abril 2009), en un amplio reportaje, con motivo del aniversario de la derrota de la República, titulado «El Espíritu que se perdió en la Transición», cuyo autor es Juanma Romero, trae a colación las opiniones de diversos profesores de la Universidad Española. Citando la frase de Azaña, desde Francia, en el exilio que «la República había muerto y en la vida política nada se restaura, pese a las apariencias», señala que «por delante se extendieron casi 40 años de una brutal dictadura que, con puño de hierro, pulverizó la obra de regeneración democrática que la República había intentado erigir en sus cinco años de vida. Franco la vació, impuso un régimen de partido único, represivo, teñido de rancio catolicismo. La antítesis». Cita a Ángel Duarte, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Gerona y autor de El otoño de un Ideal. El republicanismo histórico y su declive en el Exilio (Alianza Editorial), el cual resume la época de Franco como una «historia triste» pues es la historia de la sequía del árbol de la revolución liberal a manos de una dictadura militar filofascista. La cuestión es que tal impronta no pudo borrarse. Influyó en la construcción de la España de la transición. Nunca triunfó en las urnas la extrema derecha, pero tampoco se rescató el proyecto de republicanismo histórico. Hay que distinguir y diferenciar entre el concepto estrecho, la República –la forma de gobierno– y el concepto ancho el republicanismo, que según Duarte «es un ideal cívico, un ideal de emancipación para amplias capas de la sociedad española de la década de 1930, que comprendía la conquista de los derechos políticos, la descentralización del Estado, la europeización, el combate a la hegemonía de la Iglesia a través del laicismo». En esta misma línea trae a colación a Mirta Núñez, experta en la represión del régimen y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, la cual opina que la transición no podía obviar los logros de la «primera experiencia democrática» en España, pero la invocación a la reforma y no a la ruptura impidió la recuperación de un elemento medular de la República: la ética civil, la cultura humanista y la laica. Por ello para Duarte el republicanismo cívico de Zapatero, «actualiza el valor del ciudadano comprometido, de la comunidad frente al liberalismo salvaje. Si se continúa con el interés por la memoria, emparenta lejanamente con el republicanismo histórico».

Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el pasado 29 de Enero de 2009, tildó de «muy valiente» la declaración de 2006 como año de la Memoria Histórica y aplaudió que por vez primera se aprobase una Ley que sancionase la dictadura y arrumbase el «pacto de silencio» de la Transición, instando a los Estados a promover «la construcción de una memoria colectiva». La historiadora de la Universidad de Salamanca, Josefina Cuesta manifiesta que «los que tanto hablan de que se reabren heridas es porque ellos no las tienen. Los que luchan por sacar de la cuneta a un padre o un abuelo tienen la herida sangrante, sin cerrar», por eso le produce asco intelectual, desde la rabia y la indignación, la obra de los revisionistas del franquismo, pues acecha el peligro de «arrinconar el pasado, minimizar las Dictaduras». En esta dirección la politóloga Paloma Aguilar entiende que el primer mandato de Rodríguez Zapatero supone «el gran salto adelante, cuantitativo y cualitativo, en materia de reparación». Pero, según Cuesta, «hemos llegado a una reparación paulatina, limitada, ni completa ni definitiva, pues el Estado no asume la exhumación de las fosas ni anula las sentencias franquistas». Y según se recoge en el artículo «España suspende aún en reparación simbólica. En compensaciones materiales, empata con Argentina y Chile aunque ha operado con mayor lentitud [...] Haríamos bien en reivindicar la tradición española antifascista y republicana y no blanquear más el franquismo».

Las citas, de estas publicaciones, sobre la memoria histórica, son representativas de la posición y objetivos de los que están a favor, aunque no satisfechos, con la Ley que aquí analizamos. Pero para que se entienda el clima generalizado y lo que se trasmite a las nuevas generaciones, hay que tener en cuenta que, de una u otra forma, estas ideas e interpretaciones se han trasladado, con más o menos matices a los libros de texto de nuestros escolares, sin hablar de la Universidad, pues prácticamente todos los testimonios que he citado son de profesores de la Universidad.

En Cataluña se aprobó por el Parlamento Autonómico, en Octubre de 2007, la Ley de Memorial Histórico y para su cumplimiento, en el campo de la enseñanza, según un reportaje publicado en ABC (10.11.2007) titulado «La Guerra Civil según el tripartito», la Generalitat edita 2000 libros-CD, donde se enseña a los jóvenes de secundaria una visión de la Guerra Civil, que se titula: «Guerra Civil en Cataluña. Voces sin nombre», elaborado por Gemma Tribó, Anna Bastida y Carmen Sierra, profesoras del departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, donde, a lo largo de 162 páginas, se narra la vida cotidiana en el bando republicano durante el conflicto, en que según se nos dice, aunque hay una breve reflexión a las intenciones «muy destructivas» de algunos miembros del bando republicano y algún cuadro estadístico sobre sacerdotes y religiosos asesinados, que «el grueso de esta publicación esta dedicado a los efectos de la persecución franquista, con una actuación especial a la labor de las milicianas» a las que considera heroínas de la guerra y así señala: «las milicianas eran las mujeres republicanas combatientes que empuñaron las armas en defensa de sus ideales y en la lucha contra el fascismo». Se presenta a las «dos Barcelonas», mediante dos fotografías de 1936 que muestran una cola de votantes del barrio obrero, integrada por personas de aspecto humilde, y otra cola en un barrio pudiente en el que aparecen miembros del clero. Asimismo, se indica, como éxito de la república, el decreto de interrupción artificial del embarazo. En el libro, «se compara la Guerra Civil con los conflictos registrados en la antigua Yugoslavia y en Darfur», por lo que «en uno de los ejercicios prácticos se pide a los alumnos que comparen la situación de los “bosnianos”, (¿) ante los agresores servios, con la de los republicanos españoles ante los rebeldes franquistas». Según autoridades de la Generalitat, «es posible que alguien hable de parcialidad sobre el contenido del libro, pero está hecho con rigor científico y objetividad; por lo que el material proporcionado a los centros escolares se niega que “tenga una visión sesgada”. Ante futuros proyectos el Consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat considera que en este revisionismo histórico, el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil “no puede trasladarse a todas las ideologías” por su superioridad ética».

Ante la abundantísima bibliografía que ha provocado la Guerra Civil, nos recuerda Félix Población, escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica (Público 13 de Junio de 2009), que «en los últimos años, además de una permanente continuidad en la elaboración de libros por parte de meritorios autores, hemos asistido en nuestro país a una floración de seudo-historiadores revisionistas, apegados a una derecha mediática revanchista, pues pretenden rescatar y hacer valer las razones del Movimiento Nacional para auspiciar el Golpe de Estado fascista que acabó con la Segunda República, llegado al punto de sostener, como la más delirante impostura que aquel periodo histórico fue justo y necesario para desembocar en la actual monarquía constitucional y democrática».

Junto a estas manifestaciones que podrían ser muchas más, que nos orientan sobre los antecedentes y el espíritu que se plasma en la Ley de Memoria Histórica, existen voces muy cualificadas que salen al paso de lo que consideran una «visión profundamente maniquea de los acontecimientos» (González Cuevas) y del error que supone intentar «deslegitimar moral y políticamente a una parte del país por medio del control del pasado» (Ruiz Manjón).

El segundo Congreso Internacional «La República y la Guerra Civil, 70 años después», celebrado en la Universidad San Pablo-Ceu de Madrid, dicho sea en honor de esta casa, en Noviembre de 2006, el catedrático de Historia de la Universidad de Génova, Luis de Llera afirmó: «En una guerra es muy difícil establecer definitivamente quiénes fueron los buenos y quiénes los malos. Y desgraciadamente, algunos maniqueísmos de izquierda nos quieren imponer una revisión política de la memoria acerca de un asunto que los españoles, felizmente, habían olvidado». En su inauguración, Alfredo Dagnino, Canciller de la Universidad San Pablo-Ceu, denunció que la Ley de Memoria Histórica propuesta por el Gobierno, «tiene por objetivos reconstruir una memoria alejada del espíritu de concordia y encuentro de la Transición». También el coordinador del Congreso, Alfredo Bullón de Mendoza, después de reclamar que «los historiadores no queremos que los políticos hagan historia», critica el uso selectivo de la memoria porque en realidad «es una desmemoria y una forma de censurar el pasado según las creencias». Más expresivo es el titular en que se da noticia de este Congreso (ABC, 22.11.2006): «Un centenar de expertos critican la politización de la memoria Histórica». El propio historiador Paul Preston afirma: «sí de mí dependiese, yo no había hecho nunca una ley de memoria histórica como la española» (ABC, 22.4.2007).

Tenemos una tendencia un poco cainita, y esa hay que cambiarla... «La memoria histórica debe servir para la concordia, no para la continua discordia», nos dice José María Merino, escritor y académico (ABC, 9.6.2009), y en este mismo sentido, un hombre nada sospechoso como Heleno Saña, en la Clave en un artículo que titula «Autodestrucción» manifiesta su postura personal de una manera inequívoca: «puestos a elegir, elijo el perdón y la paz. Esto es lo que me dicta mi conciencia y mi corazón y lo que me impide estar de acuerdo con una Ley de Memoria Histórica que en vez de contribuir a la pacificación del país no va a tener otro resultado que el de fomentar los ajustes de cuentas y la discordia y perpetuar la dialéctica autodestructiva de vencedores y vencidos».

Los grandes defectos en los que cae esta Ley, para el Catedrático de Derecho Político, Manuel Ramírez, son: En primer lugar «resucitar la lamentable incapacidad que, al parecer, padecemos los españoles de asumir con sosiego el pasado», en segundo lugar «aunque no se explicite, esta Ley asesta un nuevo golpe a nuestra actual monarquía. Algo que está de moda y que personalmente pienso que no es obra de la casualidad» y en tercer lugar «esta Ley engaña palpablemente a los actuales españoles. A quienes han vivido ese pasado y a la juventud a la que, en palabras de un muy triste “Honoris Causa” por la Universidad Madrileña (¡otra vez confundiendo el auténtico sentido de la democracia y su bien claro ámbito!) hay que “inculcar en las escuelas” lo que conviene inculcar, naturalmente» (ABC, 24.10.2007). Hemos de observar en el rechazo de Manuel Ramírez, que señala, muy acertadamente, la intencionalidad de asestar «un nuevo golpe» a la actual Monarquía y que precisamente este golpe se plasma de una manera clara y terminante cuando se hace firmar al propio Rey un Decreto (3 Noviembre 2008) en el que califican de «ilegitima» «la sublevación» del 18 de Julio de 1936 y, efectivamente, esto no sucede por casualidad.

«Cada generación tiene su vocación propia, su histórica misión» ya observaba Ortega en 1938, «pero acontece que las generaciones, como los individuos, faltan a veces a su vocación y dejan su misión incumplida. Hay, en efecto, generaciones infieles a sí mismas, que defraudan la intención histórica depositada en ellas. En lugar de acometer resueltamente la tarea que les ha sido prefijada, sordas a las urgentes apelaciones de su vocación, prefieren sestear alojados en ideas, instituciones, placeres creados por las anteriores y que carecen de afinidad en su temperamento [...] Prefieren servir sin fe bajo unas banderas desteñidas, a cumplir el penoso esfuerzo de revisar los principios recibidos, poniéndolos a punto en su íntimo sentir [...] Claro es que esta deserción del puesto histórico no se comete impunemente. La generación delincuente se arrastra por la existencia en perpetuo desacuerdo consigo misma, vitalmente fracasada» (Ortega y Gasset, 1945;19)

La mayoría de las memorias personales, las muchas autobiografías escritas, en cada coyuntura, mezclan justificación de conductas personales con el poder imperante con el deseo de construirse una buena imagen para intentar quedar bien ante la historia. Pero cada generación teje y desteje a su manera. «La memoria de la primera generación subsiguiente a los hechos analizados (la generación de los hijos) suele discrepar de la memoria de la posterior (la generación de los nietos», y es lo que ha sucedido respecto a nuestra Guerra Civil; y añade el Catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ricardo García Cárcel (ABC, 21.8.2007): los hijos de la guerra civil «fueron partidarios del aparcamiento de la memoria vindicativa en beneficio de una memoria tacitista, reconciliatoria, comprensiva que fue el substrato de la primera transición. Los nietos parece quieren apelar al adanismo, al volver a empezar [...] Hijos prudentes en nombre de la memoria de unos hechos cercanos y dolorosos; nietos erráticos en nombre de una memoria vindicativa que tiene mucho de imaginario redentorista. La memoria aquí acaba deviniendo siempre en la nostalgia de la España que no pudo ser». Es una continua vuelta al pasado y como nos recuerda Ortega «prefieren servir sin fe bajo banderas desteñidas, a cumplir el penoso esfuerzo de revisar los principios recibidos» y siempre en el afán redentorista del pasado, que o ha pasado o quedó como imaginario, idealizado, que no pudo ser. Pues bien, sentencia el profesor García Cárcel: «La memoria de los 75 años de proclamación de la República ha idealizado una España idílica, feliz, nueva, nacida en 1931 y que sería cortada drásticamente por la sublevación militar de 1936. El imaginario de la España potencial, siempre se ha impuesto sobre la memoria de la España real, con el conjunto de hipótesis alternativas, ideales insatisfechos, suspiros nostálgicos que ello conlleva». Ante este acertado diagnostico habría que considerar su aplicación tanto a la actual «memoria histórica», como a esa pléyade de izquierdas y de derechas suspirando por la «revolución pendiente» de cada uno de sus signos.

Y aquí hay que acudir, para entender cuán equivocada está la generación en el poder, a un hecho que nos transcribe el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Ángel J. Sánchez Navarro en su, para mí, magnífica obra La Transición en sus Documentos, donde aparece el Informe encargado por el PSOE y el PNV, en marzo de 1977, al profesor Jorge de Esteban sobre «Proyecto de unas bases Constitucionales», mencionado anteriormente, en el que al proponer la Forma de Estado se dice: «1.- La Comunidad española adopta la forma de un Estado Federal, basado en una comunidad integral de pueblos. 2.- el Estado Español está compuesto por los Estados Regionales siguientes: Andalucía Occidental, Andalucía Oriental, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, León, Murcia, Valencia y Vasconia. 3.- Las plazas de Ceuta y Melilla tendrán una regulación especial» y añade: «La forma actual de Gobierno en España es la Monarquía federal, democrática, social y representativa». Es decir, que el imaginario de esta propuesta, en 1977, no es el de la Segunda República de 1931, sino el federalista de la primera República de 1873, que señalaba en su proyecto de Constitución: «Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla La Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Regiones Vascongadas».

Me ratifico en la tesis que vengo sosteniendo desde hace unos años. La Constitución de 1978 y la Transición fue producto de la sensatez de la mayoría, aunque con reticencias y reservas mentales por parte de la izquierda radical y de los nacionalismos periféricos, con el compromiso de mirar hacia delante y vivir en convivencia pacífica, superando las heridas del pasado. La Transición y su tácito pacto de convivencia, se llevó a cabo por los que hicieron la guerra y sus hijos, unos que la vivimos como niños y otros que soportaron las consecuencias inmediatas, y todos protagonistas sufridos de las dificultades y carencias de la posguerra. Lógicamente, unos y otros estábamos muy cercanos a la tragedia y deseábamos vivir en paz, independientemente de ideologías y convicciones personales. En la Transición, no sin duros avatares, aparece un socialismo democrático, reformista, pragmático y muy realista, consciente del mundo de aquellos días y del papel posible de España en el mismo. Pero los años pasan y las generaciones se suceden. Los nacidos en las décadas del cincuenta y del sesenta son personas que ya desarrollan su juventud en una España en proceso acelerado de desarrollo y con circunstancias lejanas de la República y de la Guerra Civil. Sus planteamientos son más teóricos e idealizados por las corrientes prevalentes en nuestros institutos y, sobre todo, en nuestra universidad, que nunca dejó de ser «progresista» con un fondo anticapitalista y con frecuencia, marxista. Estamos en los años del auge de la guerra fría. Entre Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, hay un salto generacional cualitativo. Suavemente, dentro del socialismo se va haciendo patente una corriente más radical que siente que hay que enlazar con el socialismo y las ideas del ala más progresista y revolucionaria de los combatientes vencidos en la guerra. Son los nietos que quieren hacer realidad ideas y planteamientos que sus abuelos no pudieron llevar a cabo y que sus padres, en cierta manera, renunciaron a ellas, por cansancio o temor o, simplemente, porque con gran lucidez no querían volver a un pasado de tan nefastas consecuencias. Creo sinceramente que los que hoy superamos los sesenta años constituimos unas generaciones de españoles que nos empeñamos en trabajar por y hacia el futuro y, en nuestro fuero interno, con nuestra convivencia diaria, sin interesarnos por el pasado de cada cual, llevamos a cabo la reconciliación real, sin necesidad de sacarla a colación diariamente.

Toda situación histórica tiene sus antecedentes. Conviene recordar, aquí, una idea fuerza de Largo Caballero manifestada en un mitin de Enero de 1934: «A mí me extraña que haya socialistas que se pregunten qué hay que hacer después de conquistar el poder político. Para mí es la cosa más sencilla. Se tiene el poder político y el número uno del programa es este: Inutilizar al adversario». En el PSOE actual ha triunfado la línea radical, revolucionaria de Largo Caballero, aunque mitigada por las actuales circunstancias y con una estrategia no de acción violenta, sino de acción desde el poder del Estado, apoderándose de todos los resortes del Estado de Derecho y de los instrumentos sociales de dominio en la sociedad. Las ideas de federalismo enlazan con la república «democrática» de 1931 y sus antecedentes de la Primera República. Memoria histórica, pacifismo, alianza de civilizaciones, antiimperialismo (léase antiamericanismo), antisistema (léase otro mundo es posible) y anticapitalismo (populismo demagógico, laicismo, comprensión y apoyo al Islam, política exterior de apoyo a Castro, Chavez o Morales), son la versión actual de las consignas y objetivos anarco-sindicalistas y marxistas integradas en el socialismo revolucionario de Largo Caballero.

Esta Ley responde a ese intento de «inutilizar al adversario» y al pasado en el que pudiera apoyarse, desalojando de la mente de las nuevas generaciones todo un periodo histórico oprobioso, rechazable y condenable en todo su contenido, que como un paréntesis ha sojuzgado al pueblo español, triunfando, al fin, los únicos y auténticos demócratas que son, por lo tanto, los que están legitimados para conseguir una sociedad democrática, crear una ciudadanía democrática, haciendo prevalecer, como defensa y garantía de su estabilidad futura, una memoria democrática que es la única autentica y aceptable. La Guerra Civil no ha sido otra cosa que un episodio más en la continua lucha por la democracia y la libertad, que al final, tras muchas y desagradables vicisitudes, han ganado los auténticos demócratas, que deben inutilizar a los «demócratas conversos», como nos llama, en su informe, Jorge de Esteban, a los procedentes del régimen de Franco, que una vez más, hemos de resaltar, fuimos, precisamente, los protagonistas de la Transición.