REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 97 – Enero de 2005 (Extraordinario)
ESPAÑA EN LA EUROPA DE LOS 25. ALGUNAS IMPLICACIONES
ECONÓMICAS
Por José Manuel Cansino [1]
1.- Del Tratado de Roma a la Constitución Europea
Sabido es que la actual Unión Europea (UE) nace de la voluntad política de
sus impulsores por superar los conflictos bélicos en el viejo continente sobre
la cooperación económica entre potencias brutalmente enfrentadas en el pasado
reciente.
Sobre la lista fundacional en 1957 de la Comunidad Económica Europea (CEE) se
han ido añadiendo socios de manera irregular en el tiempo. Las posibles
adhesiones han ido acompañadas siempre por largos debates sobre la conveniencia
de profundizar en la cooperación económica entre los ya miembros antes de más
ampliaciones, o proceder a la ampliación.
Lo que sí parece constatarse es que las fases de ampliación han coincidido
con fases de expansión económica y se han detenido en etapas de crisis; las
relaciones económicas no sólo han estado en la base fundacional de la UE sino
también en su ensanchamiento.
La CEE fue, hasta 1993, una unión aduanera. Los países miembros mantenían
entre sí sus fronteras comerciales y fiscales y establecían frente al exterior
un tratamiento arancelario común (la tarifa exterior común) con la única
excepción del tratamiento de nación favorecida que Gran Bretaña conservaba en el
comercio con sus excolonias en el ámbito de la «Common wealth».
En 1993, la unión aduanera da paso a un área común de mercado entre los
países firmantes del «Acta Única Europea». Consecuencia directa de este nuevo
marco legal fue la supresión de las fronteras comerciales y fiscales entre los
países miembros y la libertad de circulación de personas y factores productivos
dentro de un mismo mercado común.
El paso siguiente en la vertebración de la UE lo da el Tratado de Maastricht
(y sus revisiones posteriores) con el que se inicia la fase final de un largo
proceso hacia la unión monetaria entre los países miembros.
La construcción de Europa a partir de una misma moneda era una idea conocida;
así en 1950 J. Rueff sentenció que «L’Europe se fera par la monnaie ou ne se
fera pas». Entre 1988 y 1989 el Informe Delors dio el impulso definitivo al
programa de moneda única concebido por Werner veinte años antes. El Proyecto
Delors tuvo su fundamento teórico en el Informe Emerson (1990) que si bien no
pudo incorporar la experiencia de la unificación alemana, sí pudo tomar nota de
otras experiencias históricas suficientemente ilustrativas, por ejemplo, EE.UU.
La entrada en vigor de la Unión Económica y Monetaria (UEM) incorporó un
fuerte rasgo de entidad supranacional; la moneda única.
Aunque técnicamente una unión monetaria sólo exige un sistema de tipos de
cambio fijos e irreversibles, la UEM impuso la desaparición de las monedas
nacionales (un signo de clara identidad nacional) a favor de una moneda única:
el euro.
Pero el Tratado de Maastricht o sus sucesivas revisiones hasta llegar al
Tratado de Ámsterdam (TA) supuso, para los países firmantes, mucho más que un
acuerdo internacional económicamente relevante. El TA sitúa a la política
monetaria en el centro de la política económica al tiempo que obliga a las altas
partes contratantes (los estados soberanos) a ceder su soberanía en el diseño de
esta política que pasa a estar bajo el control del Banco Central Europeo.
En el fondo de esta cesión de soberanía hay argumentos técnicos dados por la
literatura de las áreas monetarias óptimas, y argumentos más discutibles
consecuencia del triunfo del pensamiento monetarista en la elaboración de la
política económica de un área que, en la segunda mitad de los 90 del s. XX, era
ya una potencia económica mundial.
Para concluir este apartado importa resaltar que el TA es, igual que sus
predecesores, un acuerdo de naturaleza económica. La elaboración de la
Constitución Europea supone, sin embargo, la edición de un acuerdo internacional
que por vez primera se separa de su raíz económica esencial bien que sobre la
base de otros desarrollos paralelos que el derecho positivo comunitario ha ido
consolidando.
2.- España en la UE-25
2.1.- Introducción
La quinta y última ampliación de la UE ha sido la mayor de las que se han
llevado a cabo hasta el momento, al incrementarse:
- Un 23’1 % la superficie.
- Un 19’6 % la población.
- Sólo un 4,8 % el PIB de la UE.
Los datos anteriores explican la caída de la renta p.c. comunitaria en torno
al 12 %.
Este proceso de ampliación comenzó con la quiebra del sistema comunista y la
firma de los Acuerdos Europeos a comienzos de la década de los noventa.
De los países interesados en la adhesión, tan sólo Rumania y Bulgaria no se
incorporaron al no concluir todos los capítulos de la negociación. Su entrada se
ha pospuesto hasta 2007.
Consideremos algunas variables macroeconómicas relevantes.
2.2.- Renta per cápita (rpc)
Como señalan Turrión y Velázquez (2004), en 2002, la renta pc (PIB por hab)
de estos países representaba el 47 % de la media comunitaria, si bien con
notables diferencias entre ellos. Así, Chipre, Malta y Eslovenia tenían una rpc
del 70 % de la media comunitaria (una situación equivalente a la de Grecia). Los
países Bálticos y Polonia alcanzaban el 40 % de la media comunitaria mientras
que Rumania y Bulgaria (finalmente no adheridos) mostraban sólo el 25 % de la
media de la UE.
2.3.- Crecimiento económico
En la década 1993-2003, el conjunto de nuevos socios ha mostrado un
comportamiento excelente en crecimiento, alcanzando el 3,8 % de media anual,
frente al 2,4 % que obtuvo la UE-15, e incluso por encima de España que en todo
el periodo alcanzó el 3,2 %. De seguirse este ritmo de crecimiento, estos países
alcanzarían la media comunitaria en el año 2058.
2.4.- Capital físico privado por empleado
El capital físico privado productivo por empleado en estos países muestra una
notable carencia, representando sólo el 30’4 % frente al 97,7 % que posee
España.
El capital tecnológico medio por ocupado, se encuentra todavía a una gran
distancia. El conjunto de nuevos socios tienen el 11 % del capital tecnológico
de la media europea, algo menos de un tercio del que posee España que también
padece un retraso importantísimo en relación al promedio comunitario.
En el capital humano, medido como el número medio de años que presenta en
promedio la población en edad de trabajar, estos países muestran unos resultados
muy notables. El nivel promedio alcanza los 11,6 años y se sitúa ligeramente por
encima de la media comunitaria -11,2 años- y muy por encima del que presentan
algunos de los antiguos socios más atrasados de la UE, como es el caso de España
-9,5 años-. Este es uno de los principales factores de atracción de inversiones
extranjeras.
El capital público por habitante, igual que el capital físico privado,
muestra una notable insuficiencia en los nuevos socios al situarse en el 32,1 %
de la media de la UE-15. En consecuencia, los gobiernos de estos países, con el
apoyo de la política de cohesión europea, deberán realizar importantes esfuerzos
para intentar corregir estas abultadas diferencias e intentar acercarse a los
estándares europeos. FEDER
3.- Efectos económicos de la ampliación. Flujos comerciales, inversión
extranjera directa y presupuesto comunitario
3.1.- Impacto de la ampliación en los flujos comerciales de España
Las perspectivas futuras de un mercado europeo mucho más amplio y cercano
estimularon a los países comunitarios, sobre todo a los más cercanos, a adquirir
productos del Centro y Este de Europa, posiblemente ocasionado por sus menores
precios derivados de sus inferiores costes de producción, dejando de lado a los
productos elaborados en países más periféricos.
El fuerte avance de los productos del Centro y Este de Europa en el mercado
comunitario tiene como protagonistas, fundamentalmente a tres países:
- Polonia.
- República Checa.
- Hungría
Sólo estos tres países han sido los causantes del crecimiento de la cuota de
los candidatos en un 68 %.
Se ha corroborado que los nuevos socios de la UE están compitiendo con España
en sectores con un contenido tecnológico medio y, cada vez más, están
incrementando su peso en sectores con una intensidad tecnológica mayor, mientras
que España está dirigiendo su producción y, por tanto, su exportación hacia
productos con una intensidad tecnológica menor. Se comprueba que esta
especialización en sectores más avanzados tecnológicamente se ha producido
fundamentalmente a partir de la segunda mitad de la década de los noventa,
cuando el proceso de ampliación se hizo más creíble.
Los datos aportados permiten identificar dos hechos de cierta claridad. El
primero es que el incremento de las cuotas de las importaciones de los nuevos
miembros de la UE en el mercado comunitario se ha realizado en detrimento de
algunos de los actuales socios, entre ellos, España. El segundo es que esa
pérdida de cuota por parte de España se debe a la aproximación de las
estructuras productivas y comerciales con los PECO, lo que evidentemente
deteriora el comercio español dadas las inherentes ventajas de coste de mano de
obra y localización geográfica de que gozan los países candidatos. De estos
hechos parece intuirse que el reajuste geográfico de actividad y comercio está
siendo ocasionado por las estrategias de las multinacionales.
3.2.- Efectos de la ampliación sobre la inversión extranjera directa (IED)
recibida por España
Los países de la UE-15 tienen ventajas de propiedad con respecto a los países
recién incorporados. Además, los nuevos socios disponen de una mano de obra
relativamente barata y cualificada y su localización geográfica es muy próxima
al centro económico de Europa. El conjunto de estos factores, junto con el
dinamismo de sus mercados, hace que las empresas multinacionales vean a estos
países como posibles localizaciones.
La inversión extranjera directa se está concentrando en el centro de Europa
con un grupo claro de «ganadores» conformado por Bélgica, Luxemburgo, Alemania,
la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Suecia, Finlandia y las Repúblicas
Bálticas. En el lado opuesto, se encuentra un grupo de claros «perdedores»
situados todos ellos en la periferia de Europa: Reino Unido, Portugal, España,
Francia, Italia y Grecia. Excepcional resulta el caso de Irlanda.
La evidencia parece apuntar a que las empresas europeas están concentrando su
inversión extranjera directa en los países centrales de Europa, ya sean antiguos
o nuevos socios, lo que las está llevando a abastecer desde allí al resto de
Europa, sobre todo en sectores de bienes de tecnología media y alta.
En definitiva, la ampliación a 25 de la UE agravará los procesos de
deslocalización y desinversión empresarial que se registran en España desde
1999. Un proceso del que ya se está resintiendo el tejido industrial español.
Frente a las empresas radicadas en España, las empresas emplazadas en los
países del Este disfrutan de una mayor proximidad a los grandes mercados de
consumo. Estos grandes mercados son, por una parte, el alemán y, por otra, el
emergente mercado ruso cuya economía está creciendo a un 7 %, con el añadido de
ser un importante mercado suministrador de factores productivos.
A esa ventaja geo-estratégica se añaden otras de entre las cuales no es la
menos importante el que su coste laboral medio sea el 16 por ciento del español;
un argumento que –sin ir más lejos- ha esgrimido Samsung para trasladarse a
Eslovaquia. Además, el número medio de años de escolarización de estos países es
superior a la media española y europea; su cualificación profesional tiene poco
que envidiar a la nuestra.
Subrayando lo que ya se ha dicho, debe tenerse en cuenta que las empresas que
están desinvirtiendo en España pertenecen mayoritariamente a la industria
avanzada. Sobre este aspecto concreto añadamos que casi toda la tecnología media
y alta utilizada en España es importada. Apenas hay tecnología de creación
propia, algo que avala el dato de que el gasto en I+D+i español no supera el 0,9
% del PIB. Todo lo anterior puede explicar que desde 1995 los nuevos socios del
Este reciben más inversión directa que España a pesar de que el PIB español, en
paridad de poder adquisitivo, es equivalente a la suma del PIB de todos estos
países.
Frente a estas amenazas al tejido empresarial español, deben señalarse una
serie de fortalezas a las que conviene prestar particular atención. En primer
lugar, más importante que el coste de los factores productivos (por ejemplo, el
laboral) resulta la productividad de los mismos y en esto la productividad
española es superior en 2 ó 2,5 veces la de estos países (a excepción de Chequia).
Esto no impide que siga siendo inferior a la de otros países europeos y así,
Gillette llevó parte de su producción desde Sevilla al Reino Unido buscando una
mayor productividad.
En segundo lugar, la estabilidad de las instituciones españolas es superior a
la de muchos de estos países lo que supone un atractivo importante a los
inversores potenciales. A sensu contrario, es significativa la llamada
que ha hecho a Ucrania el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo sobre la
necesidad de poner en marcha «políticas de vecindad».
En tercer y último lugar, España cuenta con más y mejores infraestructuras de
transporte que pueden compensar la mayor distancia a los principales mercados de
consumo.
3.3.- El impacto sobre el presupuesto comunitario
La ampliación de la UE supone un reajuste presupuestario importante. Ante el
nuevo escenario son pocas las alternativas para que el presupuesto asuma la
ampliación. Una de las alternativas consistiría en hacer recaer el impacto de la
ampliación sobre los actuales países receptores de fondos estructurales.
En cifras absolutas, España es el principal beneficiario neto del presupuesto
comunitario. En términos per cápita y con datos de 2002, España era el tercer
país que más se beneficiaba del presupuesto de la Unión, lo que se traduce en
una transferencia por habitante de unos 375 euros, cifra lejana de los 655 euros
que corresponden a cada irlandés (principal socio beneficiario en términos per
cápita).
Esta realidad presupuestaria tiene su contrapartida principal en los casos de
Alemania, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Francia, países que resultan los
principales contribuyentes netos al presupuesto de la UE.
Este reparto presupuestario se mantendrá a grandes rasgos hasta 2007, momento
en el que se reajustarán profundamente el sentido de los flujos financieros. De
hecho, la Comisión Europea presentó el 14 de Julio sus propuestas sobre las
perspectivas financieras 2007-2013 y en ellas se propone un techo presupuestario
del 1,14 % del PIB europeo. Un techo que los países contribuyente netos quieren
reducir al 1 %.
Una parte importante de los fondos estructurales de los que España se
beneficia están vinculados a nuestro nivel de renta per cápita, inferior, como
es sabido, a la media comunitaria (UE-15). Naturalmente el papel de receptor de
fondos estructurales es una cuestión dinámica sujeta a los cambios que registre
la relación entre la renta per cápita española y comunitaria.
Como se ha señalado, la ampliación de la UE hacia el Este supone una
reducción de la renta media comunitaria. A modo de referencia gruesa baste
señalar que el PIB por habitante español duplica al PIB por habitante de cada
uno de los nuevos socios. Esta revisión a la baja de la renta media europea
modificará sustancialmente el actual estatus español de país beneficiario neto.
4.- Agotamiento de los FF.EE. y las amenazas a la cohesión económica
nacional
Centrándonos en el caso español, de las siete regiones que en el próximo
periodo presupuestario recibirán FF.EE. por el Objetivo 1, se quedarían en cinco
con la ampliación a 25 miembros y tan sólo recibirían dos de ellas fondos si se
produjera la ampliación a 27. España se situaría como segundo país damnificado,
después de Grecia.
En clave de política interna, subrayemos que parte considerable de los fondos
estructurales se utilizan para financiar políticas públicas que pretenden
mejorar el bienestar social conjunto habida cuenta que se desarrollan en las
regiones más desfavorecidas económicamente. Reducida o agotada en un futuro la
vía de financiación europea, sólo los recursos públicos nacionales podrán
financiar estas políticas de «solidaridad interterritorial». Dos amenazas se
ciernen sobre este futuro escenario.
La primera –de carácter político- permite aventurar que un progresivo
desgaste de la Nación española (y de la solidaridad consustancial que lleva
implícita) a manos del nacionalismo periférico, hará muy difícil la financiación
pública de políticas de solidaridad entre regiones, máxime a partir de
determinadas lecturas de los informes sobre «balanzas fiscales» que acaban de
publicar la Fundación BBVA y Funcas.
La segunda –de carácter técnico y político- obligaría a la modificación del
Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) como instrumento que tome el
testigo del papel que hoy juegan los fondos estructurales. Esta nueva regulación
debe estar lista en 2006.
La cohesión nacional pasa por la solidaridad efectiva de sus regiones. Nos
referimos a una solidaridad que, ante cuestiones estructurales como el diferente
nivel de renta per cápita, debe garantizar la misma cobertura de servicios
públicos con independencia del lugar de residencia.
Además, las transferencias de recursos entre regiones deben favorecer las
condiciones necesarias para reducir la brecha de bienestar. En este caso, las
transferencias condicionadas a la formación bruta de capital fijo público,
acostumbran a ser el instrumento más frecuente.
En España, con un sistema administrativo fuertemente descentralizado en tres
niveles, el logro efectivo de la cohesión nacional está anudado al sistema de
financiación de las administraciones públicas en su conjunto aunque, desde una
perspectiva regional, el sistema de financiación autonómico es el más relevante
como evidencia su recurrente eco en los medios de comunicación.
Desde enero de 2002, el sistema común de financiación autonómica (del que se
mantienen al margen los territorios forales vascos y navarros) busca garantizar
la igualación de la oferta pública más allá del territorio a través del Fondo de
Suficiencia y del Fondo de Compensación Interterritorial. Ambos vertebran las
transferencias niveladoras de recursos entre regiones con rentas altas y bajas.
A modo de resumido ejemplo, Baleares contribuye a la cohesión nacional con una
aportación de 3.983 euros per cápita, le siguen Madrid, Cataluña, País Vasco,
Navarra, Aragón y Valencia.
De entre las beneficiarias, Extremadura recibe 1.026 euros per cápita y, con
menores cuantías, le siguen Castilla-León, Asturias y el resto de regiones de
menor bienestar por habitante.
Hasta el momento estas transferencias niveladoras se conjugan, no sin
fricciones, con una gran dosis de soberanía fiscal autonómica. Particularmente
importante en este asunto es la atribución de capacidad normativa a las CC.AA.
del 33 % de la base del IRPF. Una cesión promovida por el último gobierno del
Partido Popular.
Sin duda, el proceso de cesión de soberanía fiscal se viene cumpliendo -sin
que se sepa hasta dónde- no tanto por el desarrollo del Título VIII de la
Constitución sino por una infalibilidad atribuida sin rigor alguno a la gestión
autonómica. Parece que todo lo que ha de hacer el sector público, si lo gestiona
una Comunidad Autónoma resulta más eficaz. Sin duda, se trata de un razonamiento
falaz.
Cada vez que se llega a un acuerdo de financiación autonómica se presenta con
aire de agotar definitivamente el disenso. Falso. Apenas entrado en vigor se
oyen las primeras voces proclives a su reforma. En política invocar «la
necesidad de una reforma» resulta siempre seductor para el electorado aunque tal
necesidad no se sienta más que en la agenda del político que la enuncia con la
reflexión de quien lee el acta de la reunión anterior.
Esto ocurre con el recién estrenado sistema de financiación promovido por el
PP a través de esa senda avanzada de la cesión de soberanía de la administración
central a la autonómica. Las voces de la «necesaria reforma» vienen del
nacionalismo catalán, los argumentos proceden de su balanza fiscal «negativa»
(son contribuyentes netos a la cohesión nacional), y el sentido de «su» reforma
se puede adivinar sin apenas esfuerzo.
Pero la cohesión nacional no sólo se enfrentará en breve a la amenaza de la
«necesaria reforma».
España es receptor neto de fondos del Presupuesto de la UE. Por razón de su
renta per cápita, el número de regiones españolas catalogadas como objetivo 1 es
tan alto que las transferencias comunitarias han venido siendo cruciales para
dotar las infraestructuras públicas y financiar la formación profesional en el
marco de las políticas activas de empleo. Andalucía, por ejemplo, recibe del
orden del 2,5 % de su PIB anual en fondos europeos.
Ya se ha reiterado que la ampliación a 25 de la UE ha supuesto la revisión a
la baja de la renta media europea y con ello, el cese próximo del flujo de
fondos hacia buena parte de las regiones españolas que ahora dependerán
exclusivamente de cómo funcione la cohesión nacional.
Las posibilidades de desarrollo de las regiones españolas más desfavorecidas
se reducirán a partir de 2006 debido a la drástica disminución de las
transferencias comunitarias que se han disfrutado desde 1986.
Este es el escenario inmediato para la cohesión económica nacional; una doble
amenaza por el lado nacionalista y por el nuevo reparto de los fondos
estructurales.
5.- Conclusiones
1.- A partir del año 2007 el peso de la Unión Europea (UE) se desplazará
hacia el Este como consecuencia de la incorporación de los diez nuevos socios.
Naturalmente esta ampliación de la UE a 25 provocará y, de hecho está provocando
ya, consecuencias para España.
2.- Los datos aportados permiten identificar dos hechos de cierta claridad.
2.1.- El incremento de las cuotas de las importaciones de los nuevos miembros
de la UE en el mercado comunitario se ha realizado en detrimento de algunos de
los actuales socios, entre ellos, España.
2.2.- Esa pérdida de cuota por parte de España se debe a la aproximación de
las estructuras productivas y comerciales con los PECO, lo que evidentemente
deteriora el comercio español dadas las inherentes ventajas de coste de mano de
obra y localización geográfica de que gozan los países candidatos. De estos
hechos parece intuirse que el reajuste geográfico de actividad y comercio está
siendo ocasionado por las estrategias de las multinacionales.
3.- La ampliación de la UE exige un rediseño del Fondo de Compensación
Interterritorial como instrumento esencial de la política de solidaridad
nacional y para ello hay que vencer al contraargumento nacionalista, y un
refuerzo de las fortalezas de nuestra economía a las que debe añadirse el vector
de la tecnología autóctona, para evitar las desinversiones empresariales. España
necesita unir en una ambición común la variedad disgregatoria de los pueblos que
la forman. De esa unión depende la cohesión.
6.- Referencias documentales
- CANSINO J. M.: La ampliación de la UE: solidaridad y deslocalización.
La Razón, 06/03/04.
- CANSINO, J. M.: Ambición común y solidaridad interterritorial.
Elsemanaldigital.com, 23/08/04.
- Turrión, J. y VELÁSQUEZ, F. J.: La convergencia real de los nuevos
candidatos y los posibles efectos de su incorporación para la economía
española. Cuadernos de Información Económica, nº 180, pp. 35-44.
[1] José Manuel Cansino Muñoz-Repiso es profesor
titular de Economía Aplicada. El presente texto corresponde a la ponencia
presentada en la VIII Universidad de Verano de la Fundación José Antonio.
